La batalla de Euskal Jai
Artículo aparecido en En lucha, No 98, septiembre de 2004
El 16 de agosto, la policía desalojó el gaztetxe Euskal Jai, una casa okupada de Iruñea (Pamplona). En muchos desalojos se nota el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. En este caso, tanto la brutalidad policial —denunciada como tal por los bomberos de la ciudad— como la respuesta ciudadana, fueron excepcionales.
Gaztetxe significa “casa de jóvenes” en euskara y, en principio, sería el equivalente de una casa ocupada en otras partes del Estado español. Los gaztetxes, sin embargo, suelen tener muchos más enlaces con otros movimientos sociales y con sus vecinos de lo que existe, desafortunadamente, con otras casas ocupadas.
El gaztetxe Euskal Jai, de Iruñea, Nafarroa, sorprendía a visitantes de otras partes por la presencia de gente mayor y de familias con niños en la casa y en el jardín lindante que habían rehabilitado los jóvenes.
A pesar de la importancia de la casa como un centro social en el casco viejo, las autoridades —lideradas por la odiada alcaldesa Barcina, de UPN— procedieron a su desalojo.
Empezaron a derribar el edificio “mientras en el interior se encontraban personas”, según denunció el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Hubo al menos 42 detenciones el mismo lunes. Informes policiales intentaron equiparar la resistencia al desalojo con la kale borroka, lo que abría el camino a sentencias mucho más severas.
Los vecinos empezaron una cacerolada espontánea en protesta y algunos de ellos grabaron vídeos como pruebas de la brutal actuación policial.
La respuesta de la policía nacional a la solidaridad vecinal fue aumentar aún más sus efectivos. La policía llegó a sitiar todo el casco viejo de Iruñea, identificando a cada persona que quisiera entrar o salir, y negando el paso si no podían demostrar que vivían allí.
Un padre y su hija, vecinos del barrio, fueron brutalmente agredidos por la policía nacional ante cámaras de ETB, la televisión vasca, cuando se quejaron de los controles.
La movilización ciudadana estuvo a la altura de las circunstancias. El sábado 21 de agosto, una manifestación en protesta aglutinó a unas 12.000 personas.
Como comentó una participante: “Hubo olas de gente. Sobre todo se notaban personas mayores, padres con niños en carros, un mogollón”. Pidieron el fin de la brutalidad municipal, la retirada de la policía nacional del casco viejo de Iruñea, y la provisión de locales para los jóvenes.
La Constitución española, así como el PP y el PSOE, niegan que Nafarroa forme parte de la misma realidad del país vasco.
Lo ocurrido entorno a Euskal Jai es una prueba clarísima de que, al menos en el momento de reprimir a los movimientos sociales, ellos tienen claro que Iruñea es tan vasca como lo es Bilbo o Donosti.
El 16 de agosto, la policía desalojó el gaztetxe Euskal Jai, una casa okupada de Iruñea (Pamplona). En muchos desalojos se nota el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía. En este caso, tanto la brutalidad policial —denunciada como tal por los bomberos de la ciudad— como la respuesta ciudadana, fueron excepcionales.
Gaztetxe significa “casa de jóvenes” en euskara y, en principio, sería el equivalente de una casa ocupada en otras partes del Estado español. Los gaztetxes, sin embargo, suelen tener muchos más enlaces con otros movimientos sociales y con sus vecinos de lo que existe, desafortunadamente, con otras casas ocupadas.
El gaztetxe Euskal Jai, de Iruñea, Nafarroa, sorprendía a visitantes de otras partes por la presencia de gente mayor y de familias con niños en la casa y en el jardín lindante que habían rehabilitado los jóvenes.
A pesar de la importancia de la casa como un centro social en el casco viejo, las autoridades —lideradas por la odiada alcaldesa Barcina, de UPN— procedieron a su desalojo.
Empezaron a derribar el edificio “mientras en el interior se encontraban personas”, según denunció el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Hubo al menos 42 detenciones el mismo lunes. Informes policiales intentaron equiparar la resistencia al desalojo con la kale borroka, lo que abría el camino a sentencias mucho más severas.
Los vecinos empezaron una cacerolada espontánea en protesta y algunos de ellos grabaron vídeos como pruebas de la brutal actuación policial.
La respuesta de la policía nacional a la solidaridad vecinal fue aumentar aún más sus efectivos. La policía llegó a sitiar todo el casco viejo de Iruñea, identificando a cada persona que quisiera entrar o salir, y negando el paso si no podían demostrar que vivían allí.
Un padre y su hija, vecinos del barrio, fueron brutalmente agredidos por la policía nacional ante cámaras de ETB, la televisión vasca, cuando se quejaron de los controles.
La movilización ciudadana estuvo a la altura de las circunstancias. El sábado 21 de agosto, una manifestación en protesta aglutinó a unas 12.000 personas.
Como comentó una participante: “Hubo olas de gente. Sobre todo se notaban personas mayores, padres con niños en carros, un mogollón”. Pidieron el fin de la brutalidad municipal, la retirada de la policía nacional del casco viejo de Iruñea, y la provisión de locales para los jóvenes.
La Constitución española, así como el PP y el PSOE, niegan que Nafarroa forme parte de la misma realidad del país vasco.
Lo ocurrido entorno a Euskal Jai es una prueba clarísima de que, al menos en el momento de reprimir a los movimientos sociales, ellos tienen claro que Iruñea es tan vasca como lo es Bilbo o Donosti.
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