Cuba: ¿Justicia o represión?
Artículo aparecido en En lucha No 39, abril de 1999
Últimamente han salido en las noticias dos casos judiciales importantes en Cuba; el primero, el de los dos latinoamericanos acusados de poner bombas en hoteles de La Habana, el segundo, de cuatro disidentes cubanos, procesados por haber editado un documento crítico con la política del Gobierno.
Antes de nada, cabe destacar la hipocresía de los Gobiernos occidentales, que no parecen tener problemas con la pena de muerte en los Estados Unidos. Mientras, el PP mismo ha incitado al encarcelamiento de la mesa nacional de Herri Batasuna y de periodistas abertzales, por lo que no tiene ningún derecho para presentarse como defensor de las libertades políticas.
Pero una hipocresía no justifica otra: si desde la izquierda nos oponemos a la pena de muerte en el resto del mundo, no parece haber razones para defenderla en Cuba.
Queda claro que esto no implica estar de acuerdo con poner bombas; en En Lucha se han criticado muchas veces tales tácticas, incluso cuando compartimos muchos de los objetivos del movimiento en cuestión, sea Euskadi o Irlanda. Aún lo estamos más si, como parece, los ataques fueron promovidos por la derecha pro-estadounidense en Miami.
El caso de los cuatro opositores Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, Félix Antonio Bonne y René de Jesús Gómez, es bien distinto. Se les ha condenado a entre tres años y medio y cinco años de privación de libertad, por pedir la abstención en las últimas elecciones en Cuba. Se anunció que "si hubiese estado vigente" la reciente ley contra la disidencia, "la Fiscalía habría pedido penas más severas".
Aquí se trata, no de agresiones desde fuera, sino de si la misma gente cubana tiene el derecho de opinar sobre la sociedad en que vive. Hay muchas razones para oponerse a su Gobierno (ver el artículo, "Cuba: a 40 años de la revolución" en En Lucha, nº 36). La estrategia de abstención electoral puede que sea correcta, puede que no. Pero no es una propuesta a la que un Estado democrático deba responder con represión.
En este caso, el Estado cubano ha sumado insultos al castigo. Granma Internacional del 8 de marzo de 1999 tacha a los opositores de "vagos, sin valores patrióticos… que no trabajan ni sudan la camisa ni producen otra cosa que no sean intrigas, ilusiones vanas, palabrería barata y hueca".
Lo cierto es que hay muchos trabajos en Cuba a los que no se puede acceder si no se está afiliado al Partido Comunista, y si uno es abiertamente crítico, es casi imposible encontrar empleo. En estas condiciones, es muy difícil resistir a las ofertas de ayuda económica desde fuera, lo que es utilizado por el Estado como prueba de culpabilidad; pasó lo mismo, a veces, con comunistas occidentales que recibieron apoyo de la URSS.
El motivo fundamental de esta represión no es el supuesto peligro de cuatro disidentes. Es la resistencia mucho más amplia que podrían provocar los cambios económicos en la isla.
Hoy es muy difícil que se organice tal oposición de izquierdas, en parte porque la mayoría de la izquierda en el resto del mundo se dedica a defender al Estado cubano, haga lo que haga. Pero hay muestras de que es posible, por ejemplo en la llamada de Ariel Hidalgo, que pasó 7 años en las cárceles de Cuba:
"Las fuerzas democráticas legítimas de dentro y fuera de la isla deberán unir sus fuerzas en la lucha por… rescatar el original sentido de las luchas social-revolucionarias del pasado y reivindicar sus principios: que la democracia no debe regresar sólo en la superficie formal de las estructuras, ni limitarse sólo a la esfera política, sino institucionalizarse desde la base y extenderse también a la esfera económica…"
El Gobierno cubano tiene poco que temer de una oposición que se basa, como la derecha miamiense, en supuestos crímenes de la revolución de 1959 contra los antiguos propietarios. Pero sí de una oposición que se dirigiese contra la explotación, hoy en día, de los trabajadores cubanos a manos del Estado, de empresas mixtas o de capital 100% extranjero. La nueva ley contra la disidencia en Cuba no bastaría para silenciar esta oposición.
Últimamente han salido en las noticias dos casos judiciales importantes en Cuba; el primero, el de los dos latinoamericanos acusados de poner bombas en hoteles de La Habana, el segundo, de cuatro disidentes cubanos, procesados por haber editado un documento crítico con la política del Gobierno.
Antes de nada, cabe destacar la hipocresía de los Gobiernos occidentales, que no parecen tener problemas con la pena de muerte en los Estados Unidos. Mientras, el PP mismo ha incitado al encarcelamiento de la mesa nacional de Herri Batasuna y de periodistas abertzales, por lo que no tiene ningún derecho para presentarse como defensor de las libertades políticas.
Pero una hipocresía no justifica otra: si desde la izquierda nos oponemos a la pena de muerte en el resto del mundo, no parece haber razones para defenderla en Cuba.
Queda claro que esto no implica estar de acuerdo con poner bombas; en En Lucha se han criticado muchas veces tales tácticas, incluso cuando compartimos muchos de los objetivos del movimiento en cuestión, sea Euskadi o Irlanda. Aún lo estamos más si, como parece, los ataques fueron promovidos por la derecha pro-estadounidense en Miami.
El caso de los cuatro opositores Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, Félix Antonio Bonne y René de Jesús Gómez, es bien distinto. Se les ha condenado a entre tres años y medio y cinco años de privación de libertad, por pedir la abstención en las últimas elecciones en Cuba. Se anunció que "si hubiese estado vigente" la reciente ley contra la disidencia, "la Fiscalía habría pedido penas más severas".
Aquí se trata, no de agresiones desde fuera, sino de si la misma gente cubana tiene el derecho de opinar sobre la sociedad en que vive. Hay muchas razones para oponerse a su Gobierno (ver el artículo, "Cuba: a 40 años de la revolución" en En Lucha, nº 36). La estrategia de abstención electoral puede que sea correcta, puede que no. Pero no es una propuesta a la que un Estado democrático deba responder con represión.
En este caso, el Estado cubano ha sumado insultos al castigo. Granma Internacional del 8 de marzo de 1999 tacha a los opositores de "vagos, sin valores patrióticos… que no trabajan ni sudan la camisa ni producen otra cosa que no sean intrigas, ilusiones vanas, palabrería barata y hueca".
Lo cierto es que hay muchos trabajos en Cuba a los que no se puede acceder si no se está afiliado al Partido Comunista, y si uno es abiertamente crítico, es casi imposible encontrar empleo. En estas condiciones, es muy difícil resistir a las ofertas de ayuda económica desde fuera, lo que es utilizado por el Estado como prueba de culpabilidad; pasó lo mismo, a veces, con comunistas occidentales que recibieron apoyo de la URSS.
El motivo fundamental de esta represión no es el supuesto peligro de cuatro disidentes. Es la resistencia mucho más amplia que podrían provocar los cambios económicos en la isla.
Hoy es muy difícil que se organice tal oposición de izquierdas, en parte porque la mayoría de la izquierda en el resto del mundo se dedica a defender al Estado cubano, haga lo que haga. Pero hay muestras de que es posible, por ejemplo en la llamada de Ariel Hidalgo, que pasó 7 años en las cárceles de Cuba:
"Las fuerzas democráticas legítimas de dentro y fuera de la isla deberán unir sus fuerzas en la lucha por… rescatar el original sentido de las luchas social-revolucionarias del pasado y reivindicar sus principios: que la democracia no debe regresar sólo en la superficie formal de las estructuras, ni limitarse sólo a la esfera política, sino institucionalizarse desde la base y extenderse también a la esfera económica…"
El Gobierno cubano tiene poco que temer de una oposición que se basa, como la derecha miamiense, en supuestos crímenes de la revolución de 1959 contra los antiguos propietarios. Pero sí de una oposición que se dirigiese contra la explotación, hoy en día, de los trabajadores cubanos a manos del Estado, de empresas mixtas o de capital 100% extranjero. La nueva ley contra la disidencia en Cuba no bastaría para silenciar esta oposición.
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